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Consecuencias legales:

 1.Procedimiento de protección

En caso de acusaciones difamatorias, está dentro de los derechos de la empresa accionar de protección frente a quien realizar tales acusaciones. Esto se fundamenta en los derechos consagrados en los números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Dicho de forma más clara, la Constitución asegura mediante recursos de protección el resguardo a los derechos a la honra y la propiedad sobre la imagen.

Se ha desarrollada basta jurisprudencia a este respecto, y dada la gran cantidad de “funas” públicas que se han dado en los últimos años, las Cortes han establecido ya criterios.

Este procedimiento busca la eliminación de toda publicación de manera rápida, pero ese es su único objetivo. Este procedimiento no lleva penas aparejadas, ni indemnizaciones que se deban.

 

2.Procedimiento de injurias y calumnias

Este procedimiento se da para perseguir estos delitos. Las injurias serán todas aquellas expresiones proferidas en deshonra, descrédito y menosprecio; mientras que la calumnia, la imputación de delitos, falsa.

Así, si la publicación reviste el carácter de acusar de que BD son estafadores, o que no sirve, o expresiones semejantes, pueden ser perseguidos estos delitos, penalmente, y paralelamente, iniciarse procedimientos civiles que busquen la indemnización de los perjuicios causados.

Es esta última línea, se ha entendido en este último tiempo que esta clase de acusaciones en desmedro de personas jurídicas si afectan a la imagen comercial, como un derecho que tienen las empresas, y que ese descrédito si significa pérdida de ganancias por eventual clientela perdida.

Así la ley ampara el castigo penal y la reparación civil de estos delitos.

Las penas van desde 61 días hasta 3 años de reclusión, y multas de 6 a 20 UTM.

La indemnización se presentará caso a caso, de acuerdo al daño causado y cuando deba indemnizarse.